La incapacitación judicial de personas mayores: qué se puede hacer hoy según la ley

Cuando una familia se plantea incapacitar a un anciano con deterioro cognitivo, lo primero que descubre es que el panorama legal ha cambiado por completo. Desde el 3 de septiembre de 2021, fecha en la que entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, la incapacitación judicial dejó de existir como tal en el ordenamiento español. En su lugar contamos con un sistema de medidas de apoyo que respeta la voluntad y las preferencias de la persona mayor. A lo largo de los años acompañando a familias de Madrid hemos visto cuánta confusión genera este cambio, así que en este artículo aclaramos qué se puede hacer hoy, qué procedimientos siguen vigentes y por qué muchos contenidos que circulan en internet ya no reflejan la realidad jurídica actual. 📚

¿Sigue siendo posible incapacitar a una persona mayor en España?

La respuesta corta es no. La Ley 8/2021 reformó de raíz el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley del Notariado, el Registro Civil y otras normas para adaptar el ordenamiento español a la Convención de Nueva York de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. La consecuencia práctica es que han desaparecido figuras que durante décadas se aplicaron a las personas mayores con deterioro cognitivo:

• La incapacitación judicial o procedimiento de modificación de la capacidad.
• La tutela de adultos (sigue existiendo, pero solo para menores no protegidos por la patria potestad).
• La patria potestad prorrogada y rehabilitada.
• La declaración de prodigalidad como institución autónoma.

Los términos «incapaz» e «incapacitado» han sido eliminados de la terminología jurídica. La nueva regulación parte de una premisa muy distinta: toda persona, también la que vive con una enfermedad neurodegenerativa, conserva su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Lo que cambia no es la capacidad: cambia el apoyo que esa persona necesita para ejercerla.

El nuevo enfoque: medidas de apoyo en lugar de incapacitación

El cambio no es solo terminológico. Antes, el sistema se basaba en la sustitución de la voluntad del incapaz: el tutor decidía «por su bien». Ahora se basa en el apoyo a la toma de decisiones, respetando la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona. Cuando esa voluntad ya no puede expresarse, debe atenderse a la trayectoria vital de la persona: qué habría decidido ella si pudiera.

Las medidas de apoyo se clasifican en tres bloques. Ordenadas de menor a mayor intervención del Estado, son las siguientes.

Medidas voluntarias (las decide la propia persona)

Son las preferentes y las que más sentido tienen cuando el deterioro empieza a vislumbrarse pero la persona todavía puede decidir con lucidez. Esto es algo que recomendamos contemplar a tiempo a las familias que atendemos, sobre todo en diagnósticos tempranos de alzhéimer:

• Poderes preventivos: escritura notarial en la que la persona designa a quien quiere que actúe en su nombre cuando ya no pueda hacerlo.
• Autocuratela: figura por la que la propia persona decide quién será su curador, dónde quiere vivir, cómo deben administrarse sus bienes o qué tratamientos rechaza, todo ello en previsión de su futura discapacidad.

Medidas informales: la guarda de hecho

La guarda de hecho ha cobrado un protagonismo enorme con la reforma. Es la situación en la que un familiar (cónyuge, hijo, hermano…) o un allegado asume el cuidado y la asistencia cotidiana de la persona mayor sin necesidad de acudir al juzgado. Cubre la mayoría de los casos: gestiones bancarias rutinarias, atención sanitaria ordinaria, contratación de servicios para el hogar, etc. Para actos puntuales que requieran representación (por ejemplo, vender un inmueble), el guardador de hecho deberá pedir una autorización judicial específica.

Medidas judiciales: curatela y defensor judicial

Cuando los apoyos voluntarios o informales no bastan, llega el procedimiento judicial. La medida principal es la curatela, que se constituye por decisión judicial y que, salvo excepciones, es asistencial: el curador acompaña, asesora y refuerza a la persona en los actos concretos que el juez determine, pero no la sustituye. Solo cuando es absolutamente imposible conocer la voluntad de la persona el juez puede establecer una curatela representativa, que sí permite actuar por ella en los términos fijados.

El defensor judicial es una figura puntual: se nombra para conflictos concretos o cuando hay oposición de intereses entre la persona y su curador.

Todas las medidas judiciales deben revisarse de oficio en un plazo máximo de tres años (excepcionalmente seis), y siempre que las circunstancias cambien. Es la garantía de que ninguna situación queda «cerrada para siempre».

Motivos para solicitar medidas de apoyo en personas mayores

Aunque la terminología haya cambiado, las situaciones por las que una familia se plantea iniciar este procedimiento siguen siendo las mismas. En nuestra experiencia diaria atendiendo a personas mayores en Madrid identificamos con frecuencia estos escenarios:

• Enfermedades neurodegenerativas: alzhéimer en fases moderada o avanzada, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy, parkinson en estadios con afectación cognitiva.
• Daño cerebral adquirido tras un ictus, traumatismo craneoencefálico o anoxia.
• Trastornos mentales graves y persistentes que afecten al juicio y a la toma de decisiones.
• Procesos degenerativos sostenidos en el tiempo, no puntuales ni reversibles.
• Situaciones de fragilidad o pérdida de autonomía con repercusión en la gestión personal y patrimonial.

Hay un detalle clave que conviene subrayar: no es necesario un reconocimiento administrativo previo de discapacidad. Cualquier persona que precise apoyo puede solicitar el procedimiento, tenga o no certificado oficial. La protección del patrimonio familiar frente a decisiones perjudiciales (que antes se canalizaba mediante la declaración de prodigalidad) también encuentra encaje en las medidas de apoyo actuales.

Cómo solicitar medidas de apoyo para una persona mayor

El proceso depende de si hay acuerdo en la familia y de si la persona mayor puede o no manifestar su voluntad. Estos son los caminos posibles:

Vía notarial: cuando aún hay margen para decidir

Si la persona conserva capacidad para expresar su voluntad, lo más recomendable es acudir al notario para otorgar un poder preventivo o constituir una autocuratela. Es la vía más rápida, menos costosa y más respetuosa con sus preferencias. Hemos visto que muchas familias evitan procesos judiciales largos simplemente anticipándose a tiempo. 💡

Vía judicial: jurisdicción voluntaria

Cuando hace falta una medida judicial y nadie se opone, se inicia un expediente de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona. Este es el cauce preferente desde la reforma. El procedimiento incluye:

1. Una comparecencia en la que el juez informa a la persona sobre alternativas de apoyo distintas a las judiciales.
2. La práctica de prueba: dictamen pericial médico, informes sociales, documentación clínica.
3. Audiencia con parientes próximos o personas de su entorno.
4. Auto judicial determinando los actos concretos para los que se necesita apoyo y nombrando a la persona que lo prestará.

Procedimiento contencioso: cuando hay oposición

Si surge oposición el expediente se transforma en un procedimiento contencioso regulado en los artículos 756 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este procedimiento es prácticamente idéntico al antiguo de incapacitación, pero con un matiz fundamental: nunca puede concluir con una declaración de incapacidad ni con la privación de derechos. Solo puede determinar para qué actos concretos la persona necesita apoyo.

En este escenario es preceptiva la asistencia de abogado y procurador. Conviene buscar profesionales con experiencia específica en derecho de la discapacidad, no solo en civil general.

Documentación y prueba pericial médica

La pieza central de cualquier procedimiento es la prueba pericial médica. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no puede dictarse resolución sin previo dictamen pericial. El proceso habitual incluye:

• Documentación clínica: informes neurológicos, psiquiátricos, geriátricos, certificado de discapacidad si existe, valoración de dependencia.
• Informe social: emitido por los servicios sociales municipales o autonómicos sobre la situación familiar y de cuidados.
• Informe Sitges u otros instrumentos análogos, que valoran la capacidad para el autogobierno, la toma de decisiones personales y patrimoniales y las condiciones neurológicas correlacionadas con esa capacidad.
• Exploración por médico forense.
• Entrevista con el juez, que es obligatoria salvo imposibilidad acreditada.

¿Y las sentencias de incapacitación anteriores a 2021?

Esta es una de las dudas que más nos plantean las familias que llevan años conviviendo con un mayor con deterioro cognitivo. La disposición transitoria quinta de la Ley 8/2021 dio un plazo para que las sentencias antiguas fueran revisadas y adaptadas al nuevo sistema. Si tu familiar tiene una sentencia de incapacitación anterior y aún no se ha revisado, conviene solicitar la revisión cuanto antes.

Las privaciones o limitaciones de derechos contenidas en sentencias anteriores quedan automáticamente sin efecto. Las tutelas de adultos vigentes se mantienen provisionalmente hasta que se sustituyan por una curatela representativa tras la revisión. Es un terreno técnico y conviene apoyarse en un abogado especializado para no quedar en un limbo administrativo cuando, por ejemplo, haya que gestionar una pensión, una herencia o una operación bancaria importante.

La declaración de prodigalidad: qué fue de ella

La prodigalidad, esa figura por la que se declaraba a alguien incapaz de administrar su propio patrimonio, ha sido suprimida como institución autónoma. El motivo es coherente con la filosofía de la reforma: los supuestos que antes encajaban en la prodigalidad encuentran ahora cobertura en las medidas de apoyo, especialmente en la curatela. Si una persona mayor toma decisiones patrimoniales que ponen en riesgo el sustento familiar a causa de un deterioro cognitivo, la vía actual es solicitar una curatela con apoyo específico para los actos patrimoniales relevantes.

Pros y contras de iniciar un procedimiento de medidas de apoyo

Antes de presentar una solicitud conviene valorar fríamente si compensa. Esto es lo que vemos con más frecuencia.

A favor:

• Protección legal frente a decisiones que puedan dañar a la persona o al patrimonio familiar.
• Capacidad para realizar actos jurídicos relevantes (ventas, herencias, ingresos en residencia) con respaldo judicial.
• Marco claro para evitar conflictos entre familiares cuando hay varias personas implicadas en el cuidado.
• Acceso ordenado a la gestión de prestaciones, pensiones y trámites administrativos.

En contra:

• Tiempo: incluso por jurisdicción voluntaria, los plazos son largos (varios meses, a veces más de un año).
• Coste de abogado, procurador y, en su caso, peritos privados.
• Posibilidad de fricción familiar si la persona o algún allegado se opone.
• Riesgo de costas si la solicitud se considera infundada.

Por eso, en muchos casos basta con activar una guarda de hecho bien documentada o un poder preventivo, sin acudir al juzgado. La vía judicial es, por diseño legal, subsidiaria: solo procede cuando los apoyos informales son insuficientes.

¿Cuánto cuesta el procedimiento? Una orientación honesta

No existe una tarifa única, porque el coste depende del cauce elegido y de la complejidad del caso. A modo de referencia general:

• Vía notarial (poderes preventivos, autocuratela): es la opción más económica y suele resolverse con un único arancel notarial.
• Vía judicial sin oposición (jurisdicción voluntaria): incluye honorarios de abogado y, en muchos casos, procurador, además de la pericial médica (que puede ser de oficio).
• Procedimiento contencioso: es el más caro, porque requiere abogado y procurador obligatoriamente, y puede generar costas si se pierde.

Quien te dé un precio cerrado sin haber visto la documentación de tu familiar, desconfía. Lo razonable es pedir presupuesto a un letrado tras una primera valoración de la situación.

Nuestra experiencia acompañando a familias en este proceso

En mSoluciona Castellana no somos un despacho jurídico, pero llevamos años acompañando a familias madrileñas que lo atraviesan. Los servicios de cuidado de mayores que prestamos suelen convivir con estos trámites: una persona con alzhéimer necesita asistencia diaria mientras la familia tramita la curatela; un mayor recién salido del hospital tras un ictus requiere ayuda en casa al tiempo que se valora si necesita medidas de apoyo formales.

Por nuestra experiencia, los casos en los que todo fluye mejor son aquellos en los que la familia se anticipa: organiza los cuidados, documenta el deterioro, hace una autocuratela mientras se puede y solo acude al juzgado cuando es imprescindible. Si necesitas orientarte sobre el cuidado de tu familiar mientras gestionáis la parte legal, escríbenos: te explicamos cómo encajan los servicios de atención domiciliaria con cualquier procedimiento de apoyo.

Preguntas frecuentes sobre la incapacitación judicial de personas mayores